En la sede de la FATPREN Se realizó una conferencia de prensa en la para denunciar intimidaciones a la prensa en el contexto de la criminalización y estigmatización de la comunidad mapuche en Villa Mascardi. En las últimas horas se conoció que se realizaron allanamientos en casas mapuche cercana a la ciudad de Bariloche.
El jueves 27 de octubre en la sede de la FATPREN (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) periodistas de diversos ámbitos junto a organismos de Derechos Humanos denunciaron en conferencia de prensa las intimidaciones y el hostigamiento que vienen sufriendo periodistas que trabajan en el lugar y le ponen voz y letra al plan de criminalización y estigmatización que viene sufriendo la comunidad mapuche que reclama por sus tierras.
Participaron de la actividad la Secretaria General de la FATPREN, Carla Gaudensi; Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora) y dos periodistas que sufrieron amenazas y persecuciones, Alejandra “Tana” Bartoliche (Télam) y Oscar Moreno (Wall Kintun TV), Diego Morales, director de litigio y defensa legal del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), además de un amplio arco de integrantes de organismos de Derechos Humanos.
Desde la FATPREN señalaron que “como organizaciones sindicales, como trabajadores y trabajadoras de prensa, no podemos permitir el hostigamiento, la persecución, el amedrentamiento hacia lxs trababadorxs de prensa ni hacia lxs compañerxs que están defendiendo sus tierras y al pueblo mapuche”.
Por su parte, Oscar Moreno remarcó que “para el sistema judicial mi delito es ‘por ser militante de la causa mapuche y trabajo en un medio afín a dicho movimiento’. Les molesta que podamos visibilizar, romper el cerco informativo y contrarrestar el odio y el racismo que desde la mayoría de los medios se emite diariamente contra el pueblo mapuche”.
A su turno, Alejandra Bartoliche explicó que “esto no es a título personal, sino para que se sepa que Bariloche está militarizado y que hay una Liga Patriótica que se está organizando abiertamente para enfrentar posibles cortes de ruta por reclamos”, en clara referencia al denominado Consenso Bariloche.
“Con el procesamiento por usurpación la jueza desconoce los derechos de los pueblos indígenas, el derecho al territorio y el derecho a la identidad cultural”, señaló Diego Morales. El letrado del CELS pidió repasar la resolución de la justicia federal en la que esa semana se dictó la prisión preventiva para las cuatro mujeres mapuches de la zona de Villa Mascardi.
“En primer lugar, las mujeres que fueron maltratadas y llevadas esposadas de Bariloche al penal de Ezeiza fueron sobreseídas porque no habían cometido ningún delito. Algo evidente desde el mismo momento del desalojo”, señaló.
También en sus argumentos la jueza desvaloriza el reclamo de la comunidad sobre sus derechos culturales. “Lo menciona como una ‘pretensión’ que deben canalizar ante quien corresponda “para exigir lo que hoy en día se encuentra vigente en nuestro país. Vale aclarar que se trata de un derecho constitucional y la comunidad ya denunció que no se les asegura, algo que la jueza debió evaluar como contexto”.
Morales resaltó que en toda la resolución se ve un esfuerzo para describir al grupo de manera violenta y, así, establecer consecuencias: “el procesamiento y detención preventiva de las mujeres, todas madres con niñes, algunes lactantes. Recordemos que una debió parir con custodia policial”.
Al finalizar, señaló que el poder judicial está siendo permeado por un discurso racista de construcción de los “mapuches malos”. “Ese discurso después es puesto en circulación por actores políticos y por los medios. Esto es algo que no se puede naturalizar”.
Allanamientos en casas mapuches
Este sábado 29 de octubre, desde Villa La Angostura el fiscal Adrián De Lilio de la provincia de Neuquén, con asiento en Villa La Angostura junto a Betian Cendón y por pedido del juez Víctor Gangarrosa, se realizaron varios allanamientos en casas mapuche cercana a la ciudad de Bariloche. Incautaron los celulares personales de varias mujeres mapuche.
De acuerdo al relato de María Isabel Huala en un audio que envió a las organizaciones indígenas en el país, buscaban el auto de Fausto Jones Huala y computadoras como parte de una investigación de una causa caratulada como incendio/NN. Requisaron a cada persona que se encontraba en las viviendas al momento del allanamiento.
Se espera que en la semana entrante las organizaciones de DDHH convoquen a una movilización nacional para detener la política de persecución y desalojo de comunidades indígenas, tanto el sur como en el norte. En el día de ayer hubo un desalojo en la provincia de Salta, Araya Caby del Pueblo Guarani en Colonia Santa Rosa del Departamento de Oran. La Comunidad pasó toda la noche apostada en la plaza principal para esperar alguna comunicación oficial de funcionarios del poder judicial de Salta.
