América Latina y el Caribe constituyen el territorio donde se registra la estadística más alta en agresiones, persecución y asesinato de personas defensoras del ambiente. Según los resultados del último informe realizado por la ONG internacional Global Witness, durante el 2021 165 ambientalistas fueron asesinados en la región.
El Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (Cipdh-Unesco) transmitió su preocupación por la cantidad de ataques letales registrados contra activistas ambientales y de la tierra en América Latina y el Caribe. En este sentido, Fernanda Gil Lozano, directora ejecutiva del Cipdh-Unesc advirtió que el informe volvió a mostrar cuantitativamente lo dramática que es la situación para los ambientalistas de la región.
Según el estudio de la ONG, las tres cuartas partes de los homicidios del planeta de activistas vinculados a la problemática del medio ambiente sucedieron en Latinoamérica, mostrando que en 2021 hubo unos 165 asesinatos en la Región, por sobre un total de 227 ataques mortales registrados en todo el mundo.
La ONG Global Witness se fundó en 1993 con el objetivo de intervenir en las tramas de corrupción vinculadas a la explotación de los recursos naturales, tiene sede en Londres y ha impulsado denuncias y campañas ligadas a sectores como el petróleo, el gas, la minería y la madera.
Argentina
El informe registra los nombres y datos biográficos de las víctimas, que tienen conexiones claras y documentadas con un problema ambiental o de la tierra, en Argentina figuran los nombres de Celestina Jara (49 años) y su nieta Natalia Lila Coyopé (10 meses) de la comunidad originaria Qom La Primavera en Formosa, quienes fueron atropelladas por un gendarme en un acto totalmente intencional en el año 2012.
Otra de las víctimas que registra el informe es Santiago Maldonado, de 28 años, quien desapareció el 1 de agosto de 2017, luego de haber sido reprimido junto a jóvenes mapuches del territorio recuperado de Cushamen, que protestaban con un corte de la ruta 40. Su cuerpo fue hallado sin vida el 17 de octubre en el río Chubut. Lleva cinco años de impunidad.
La lista continúa, y en el año 2012 aparece el asesinato de Miguel Galván (40 años) del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) quien sufrió un ataque que le costó la vida en el Paraje Simbol, al norte de la provincia gobernada por Gerardo Zamora. La organización denuncia que se trató de sicarios, como ocurrió en 2011 con la muerte de Cristian Ferreyra.
En 2017, Rafael Nahuel (22 años), integrante de la comunidad Lafken Winkul Mapu era asesinado en Río Negro, como consecuencia de un disparo por la espalda realizado por un integrante del grupo Albatros de la Prefectura Naval.
El 15 de septiembre de 2020, Juan Carlos González, productor de la base La Tala de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) de Tucumán fue asesinado en su campo al recibir varios disparos del policía retirado Carlos Fortunato Flores, quien quería usurpar sus tierras para alquilarlas a sojeros de la zona.
Estas cifras alarmantes hacen un llamado a seguir de cerca los casos vinculados a la defensa del ambiente para que no queden impunes y se garantice la protección de la vida, la libertad de expresión, el acceso a la información y la participación en la toma de decisiones sobre los asuntos que pueden tener impacto en el ambiente.
¿Quién protege a las personas defensoras del ambiente ?
En diálogo con Cruel, Sofia Nemenmann, ambientalista de la Patagonia comentó que en Argentina como en el resto de los países latinoamericanos, la teoría difiere bastante de la realidad.
“Argentina por ejemplo es uno de los países que ratificó el Acuerdo de Escazú que entre otras cosas lo que lo que garantiza teóricamente es un entorno seguro y propicio para personas y organizaciones que defienden los derechos humanos vinculados a temas ambientales socioambientales, al derecho a un ambiente sano y vemos en los números, en los informes que esto realmente no sucede” explicó la ambientalista.
En este sentido Nemenmann manifestó que en Latinoamérica “uno como activista, como militante no siente de ninguna manera protección por parte del estado, principalmente porque la mayoría de los casos, los grandes proyectos extractivistas, son proyectos nacionales o provinciales, no hay un movimiento político vinculado a proteger a las personas que defienden la naturaleza, sino más bien tienden a estigmatizarlos, a catalogarlos, como anti progresistas, estamos en un contexto internacional, de crisis socioambiental muy profundizada, muy agravada y lamentablemente los gobiernos no están abiertos ni a disposición para dialogar y para construir una transición que desde este lado por lo menos creemos y entendemos que es necesaria”.
Desde ese lugar es una es una protección a medias, hay intereses estatales vinculados a intereses privados que van en contra de quienes defienden la tierra, en contra de las asambleas socioambientales, de los territorios, en contra de la gente que directamente es afectada después por proyectos que están avalados e impulsados por los gobiernos.
Por último, la activista reflexionó sobre la situación que se vive en Latinoamérica y agregó “vivimos una situación particular y es que finalmente terminamos formando redes de asambleas, redes de organizaciones en las que nos terminamos protegiendo entre nosotros de un avance extractivista, que desde ya si no le importa proteger ríos, no le importa proteger glaciares, especies en peligro, montañas, territorios tampoco a la gente que vive en él.
